Oaxaca es la primera entidad del país que experimenta con la consulta de revocación de mandato. El ejercicio no es promovido por los detractores del mandatario de Morena, sino por sus simpatizantes.
La consulta tiene la misma lógica que el ejercicio revocatorio nacional promovido en 2022 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este se tradujo en 15 millones de votos a favor de su permanencia en el poder. “El pueblo pone y el pueblo quita”, fue la promesa del hoy expresidente. Jara emula hoy esa conducta, convirtiéndose en el primero de Morena y de todo el país que se somete al ejercicio.
Más de tres millones de oaxaqueños han sido convocados a las 2.816 casillas que se instalarán en los 570 municipios de Oaxaca para responder una pregunta: “¿Estás de acuerdo en que, a Salomón Jara Cruz, gobernador del Estado, se le revoque el mandato por pérdida de confianza, o que siga en la gubernatura hasta que termine su periodo?”. Nadie espera que el instrumento deponga al mandatario, quien acaba de cumplir tres años en la Administración. La jornada servirá para movilizar a sus simpatizantes y mostrar el músculo de Morena en la entidad.
Oaxaca requeriría una participación de 1,2 millones para hacer vinculante el ejercicio, suponiendo que se tratara de una auténtica revocación de mandato. Aunque la consulta es en realidad promovida como un ejercicio de ratificación, Gobierno y partido se han fijado como meta alcanzar la cifra este domingo. En ello se ha empleado el aparato del oficialismo, poniendo cuotas de votos a sus operadores en las siete regiones del territorio.
Jara fue electo en 2022 para un periodo de seis años que concluirá en diciembre de 2028. Antes de ser gobernador, fue senador de la República, diputado federal y local, y funcionario en el Gobierno de Gabino Cué. En 2025 promovió una reforma a la constitución local y una ley para organizar la consulta. Esta fue convocada para el 26 de diciembre pasado. Sin embargo, el accidente del Tren Interoceánico del 28 de diciembre, y donde murieron 14 personas, obligó a aplazarla.
El ejercicio implicará un gasto de al menos cien millones de pesos, que fueron aprobados por el Congreso federal (controlado por Morena) como partida para que el IEPCO instalara las 2.800 casillas. Todo, para un acto simbólico y sin efecto legal alguno. Las voces de la oposición califican el ejercicio de una estrategia de mercadotecnia política.
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